UPN pide la dimisión del concejal Alonso por la falta de seguridad en la carpa y EH Bildu le acusa de "carroñerismo"
Este martes, la comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona se convirtió en escenario de un áspero debate entre los grupos políticos, centrado en la violación grupal ocurrida junto a la carpa universitaria, un evento que congrega cada año a miles de jóvenes en la ciudad. Javier Labairu, portavoz de UPN, arremetió duramente contra el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Endika Alonso, a quien acusó de una “dejación de funciones” que, en su opinión, “puso en peligro a las 8.000 personas que acudieron a la carpa”. Labairu insistió en que “para garantizar la seguridad no hace falta la inteligencia artificial, hacen falta medios”, lamentando que Alonso “no quiso ni convocar la mesa de coordinación policial” a pesar de la existencia de un asentamiento ilegal cercano con personas de “posible historial delictivo”.
Labairu fue especialmente contundente al afirmar que “no solamente se quedó en la dejación de funciones, sino que también incumplió el protocolo de agresiones sexuales que ustedes mismos aprobaron”, señalando que el concejal “tenía la obligación de comunicar todas las agresiones sexuales de alta intensidad a la Junta de Portavoces y no lo hizo”, lo que, a su juicio, equivalía a un intento de ocultar la violencia hacia los grupos municipales, informándose de la violación solo a través de la prensa. Por ello, UPN pidió la dimisión de Alonso, reprochándole su “absoluto desinterés” por lo ocurrido y su “incompetencia en este puesto”.
En respuesta, Joxe Abaurrea, portavoz de EH Bildu, tomó la palabra para denunciar lo que calificó como “carroñerismo político” de UPN y acusarles de hacer “una grosera interferencia de politiquero barato para sacar rentabilidad electoral a un asunto gravísimo”. Abaurrea defendió el dispositivo policial desplegado apuntando que “había entre 7 y 8 agentes en distintos turnos, con presencia de policías de paisano, guías caninos, agentes uniformados y coordinación entre Policía Municipal, Foral y Nacional”. Además, negó rotundamente las afirmaciones de que conocieran riesgos graves específicos en el asentamiento ilegal o que el concejal hubiera tenido información relevante no actuada. “Este caso está bajo secreto de sumario y están haciendo acusaciones que no tienen un solo dato que las corroboren. Cuando se levante el secreto de sumario y no encajen las piezas, tomaremos medidas muy contundentes”, advirtió Abaurrea, dirigiéndose también a la firmante de la declaración de UPN, Cristina Ibarrola, y acusándola de intentar sacar rédito electoral a la tragedia.
Mientras, el portavoz de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha criticado este martes la “deriva” de los grupos de derechas y ha felicitado la rápida actuación de la Policía Municipal “que al poquísimo tiempo de interponerse la denuncia tenía detenidos a los presuntos agresores”, y ha lamentado lo que considera un “uso partidista y absolutamente mezquino” del caso por parte de los grupos de la oposición.
“Mientras algunos se dedican a pasearse por las televisiones hablando mal de Navarra y de Pamplona, nosotros hemos reforzado la seguridad, los mecanismos de prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas”, concluyó Mauleón.
El portavoz del PPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Carlos García Adanero, ha defendido este martes que su grupo “seguirá diciendo lo que piensa” pese a “las amenazas”. En su intervención, ha afirmado que “una violación es una aberración y una salvajada sea quien sea la persona que la cometa”, y ha criticado la falta de transparencia
El portavoz popular ha insistido en que “si son bulos, que se desmonten por parte de quien tiene la información”. “No puede ser que se diga que todo son bulos, pero no se aporte nada para aclararlo”, ha recalcado, recordando además que “hay cuatro personas en la cárcel” y que “si la jueza ha tomado esa decisión, algo habrá visto”.
Por último, la portavoz socialista Marina Curiel ha pedido tratar el asunto “con respeto y sensibilidad”, recordando que la familia de la víctima “pidió discreció”. Curiel ha reprochado a UPN que con este tipo de declaraciones “van en contra de esa petición de la propia víctima” y ha defendido que “la información se puede pedir de manera discreta al concejal del área”.
La concejala del PSN ha reconocido que la respuesta del edil de Seguridad (al asegurar que conocía la existencia de asentamientos ilegales) “no fue adecuada”, pero ha lamentado que “la derecha haya aprovechado para imponer un discurso alarmista”. “UPN y el Partido Popular están haciendo una política de la inseguridad, una campaña calculada, populista y oportunista”, ha dicho Curiel, quien ha concluido que “la seguridad no se garantiza con titulares del miedo, sino con gestión, rigor y responsabilidad”.
Acuerdo para convocar la Junta de Seguridad y abrir expedientes a los locales habitados sin licencia
Por otro lado, la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración presentada por el grupo socialista en la que se solicita la convocatoria de la Junta Local de Seguridad Técnica, con el objetivo de coordinar actuaciones en materia de seguridad ciudadana.
La iniciativa ha salido adelante con ocho votos a favor —de EH Bildu, Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona, Geroa Bai y el Grupo Mixto— y cuatro abstenciones de UPN.
El texto aprobado incluye varios acuerdos, entre los que destaca la convocatoria de la Junta Local de Seguridad Técnica; instar al área de Seguridad Ciudadana a abrir de manera inmediata expedientes de disciplina urbanística a todos los locales habitados sin licencia, conforme a la nueva normativa; establecer un control y seguimiento periódico de los edificios municipales ocupados ilegalmente; y reiterar el compromiso municipal con una seguridad preventiva, de proximidad y cooperativa, reforzando la presencia policial en los barrios y fomentando la colaboración entre administraciones y vecindario.
Con esta declaración, los grupos firmantes pretenden avanzar hacia una política de seguridad “basada en la prevención, la coordinación y la cercanía”, y garantizar un control más riguroso de los espacios sin licencia o en situación irregular dentro del término municipal.