Polémica en Arganzuela por vetar a niños en un centro municipal: de "nuestros hijos no son perros" a "esto era el chiquipark"
La Junta de Distrito prohíbe el acceso a menores de 14 años al Centro Intergeneracional Ouka Leele a partir de las 16.00 horas después del "pollo" generado en la cafetería los viernes por la tarde, según fuentes del espacio. Mientras, familias y personal del bar cuestionan la legalidad de la medida
El Ayuntamiento de Madrid impide entrar a una sala de estudio de Legazpi a mayores de 35: “Discriminan por edad”
Guerra abierta en el Centro Intergeneracional Ouka Leele de Arganzuela, un espacio ubicado en el número 16 de la calle del Bronce y dirigido a personas de 14 a 35 años o con más de 65, que vuelve a vivir un conflicto por cuestiones edadistas. Meses después de las quejas por el veto a que mayores de 35 años pudieran utilizar su sala de estudio, ahora las protestas atañen a otro grupo poblacional. Desde hace unos días, el acceso de menores de 14 años ha sido prohibido a partir de las 16.00, incluso si van acompañados de adultos.
De hecho, el origen de la controversia está en la asistencia del alumnado de centros educativos cercanos junto a sus padres y madres para comenzar a disfrutar del fin de semana los viernes por la tarde en la cafetería del recinto. La falta de alternativas públicas y asequibles para el ocio en esta zona del barrio de Legazpi, así como la proximidad con los dos colegios, contribuyó a que el Ouka Leele se convirtiera desde su inauguración en 2024 en referencia de las “cerves” de padres y madres los viernes a la salida de las clases. Mientras en el bar los progenitores comparten desahogos de la semana y experiencias propias o de sus hijos, estos aprovechan el rato extra con sus mejores amigos para jugar por la planta baja.
Es por ello que la prohibición adoptada por la Junta Municipal de Arganzuela, autoridad del Ayuntamiento en el distrito, ha desatado un conflicto con dos bandos enfrentados. Por un lado, las familias de la zona y la plantilla del bar-cafetería, aliadas en su queja por una actuación de cuya legalidad dudan. Por otro el personal del centro, que insiste en los reiterados avisos emitidos para no haber tenido que llegar a esta situación, al tiempo que circunscriben su participación a “aplicar y transmitir” la medida de la Junta.
La coyuntura ha provocado incluso escenas de tensión, especialmente el primer viernes en el que se aplicó el veto, el pasado 21 de noviembre. Varias fuentes cuentan que ese día se desplazaron al lugar agentes de la Policía Municipal, después de que las familias manifestaran la irregularidad de la práctica. “Hola, Junta de Arganzuela. ¿Es normal que ahora no dejéis entrar a menores en espacios públicos? Se promueve tener hijos pero luego no se permite el acceso a los mismos…”, cuestionaba una madre en su cuenta de X.
La cuestión ha sido elevada ya mediante una queja formal y conjunta dirigida a la Junta de Arganzuela por una posible vulneración de “los principios recogidos en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que impone a los poderes públicos el deber de garantizar su derecho al ocio, a la participación y al disfrute de recursos comunitarios adecuados a su desarrollo”. En el escrito indican asimismo que la iniciativa “podría resultar contraria a los principios de igualdad, no discriminación y acceso en condiciones de igualdad a los servicios sociales de titularidad pública recogidos en la Ley 12/2022, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid”.
Antonio es padre de tres escolares de 5, 3 y 2 años que van al colegio público Tirso de Molina, situado a pocos cientos de metros del Ouka Leele. “Nos ha trastocado completamente. Es uno de los pocos espacios del barrio de Legazpi que tenemos para reunirnos y socializar”, lamenta sobre el veto en conversación con Somos Arganzuela. “El barrio no tiene ninguna infraestructura que permita a familias reunirse, así que la cafetería se había convetido en punto de reunión por sus características: es amplia, tiene un buen patio... en el verano se usa menos, claro, porque hace mejor tiempo y se está mejor en la calle. Pero en estos meses nos deja sin nada”.
El progenitor admite que “hay molestias”, un punto en el que incidirán desde el centro, pero expone que “el problema es si cómo sociedad podemos considerar que los niños son eso, una molestia”. Desde su punto de vista “hacen cosas de niños de 5 años, claro, no están sentados leyendo un libro”. Reconoce que “hacen ruido, es una obviedad, como ver más jubilados que jóvenes en un centro de salud porque se ponern enfermos en mayor medida”.
Es una medida desmesurada que roza la ilegalidad y demuestra una falta de empatía social, más en un centro que se denomina intergeneracional. Deberían fomentar la convivencia entre diferentes grupos sociales, no segregar por edad, raza o sexo
En la misma línea se pronuncia Zuriñe, madre de una niña de 3 años que también va al Tirso del Molina: “Es una medida desmesurada que roza la ilegalidad y demuestra una falta de empatía social, más en un centro que se denomina intergeneracional. Deberían fomentar la convivencia entre diferentes grupos sociales, no segregar por edad, raza o sexo”. Lanza otras alternativas, como “zonificar, mobiliario para compartimentar, acondicionar acústicamente zonas...”. Se hace también una serie de preguntas sobre el efecto de la decisión en un espacio de estas características: “¿No puede entrar un abuelo con su nieto? ¿No puede entrar una madre de 28 años con su hijo?”.
Antonio defiende por motivos similares la queja conjunta presentada por las familias ante la concejala presidenta de Arganzuela, Dolores Navarro: “No puedes prohibir la entrada de menores a un edificio público por razones de edad. Si están acompañados, no puedes hacerlo”. Y añade: “El uso que le damos al centro está limitado a los viernes por la tarde, el resto de la semana no había nada, más allá de que alguna familia fuese puntualmente por su cuenta. Era una dinámica normalizada con los mayores, que sabían que tenían la cafetería para ellos el resto de la semana”.
Mayores comen en la cafetería del Centro Intergeneracional Ouka Leele.
Un último detalle ha soliviantado aún más a padres y mades. Se trata de la imagen que encabeza este artículo, con dos carteles al entrada del centro con mensajes similares. Uno limita la entrada de menores de 14. El otro la de animales de compañía. “Nuestros hijos no son perros. Compararles es despersonalizar a la infancia y considerarla una molestia, lo cual va en contra de la sociedad”, recalca Antonio.
Israel, autoridad del centro que atiende a este medio presentándose como “jefe del edificio”, tacha esta última crítica de Antonio de “demagogia”. Arremete contra la dinámica establecida por padres y madres: “Esto no era el Centro Intergeneracional Ouka Leele, esto era el chiquipark”. Relata que tuvieron que limitar expresamente el acceso de patinetes, ya que los menores (“hasta 120 algunos días”) recorrían las estancias sin más control que el del propio personal del recinto. Habla además de molestias sonoras para quienes utilizaban la sala de estudio: “La propuesta de los padres es que los viernes los niños del barrio no puedan utilizarla”, dice Israel. “Mis compañeras de trabajo no tienen por qué aguantar el pollo que se monta cada semana. Aquí lo que hay es un problema de educación y de disciplina”, sentencia.
Mis compañeras de trabajo no tienen por qué aguantar el pollo que se monta cada semana. Aquí lo que hay es un problema de educación y de disciplina
“Es una decisión que se toma en la Junta, pero tiene que ver con esto”. Subraya igualmente los avisos previos emitidos a las familias, tanto con comunicaciones personales como a través de cartelería desplegada en el edificio: “Se les ha advertido”. Zuriñe traslada por contra a este medio que “la única indicación que solían dar es que los patinetes se quedasen en la entrada, como es normal, y que los niños no corriesen por el vestíbulo”. “Los padres estábamos pendientes. Ningún usuario ni personal de la cafetería nos trasladó más quejas”, mantiene.
Israel señala a uno de los papeles con indicaciones colgados en las paredes: “Esto está puesto desde marzo, por lo menos, y no han hecho caso”. La circular llama a “acompañar y supervisar a los más pequeños”, “evitar correr, jugar o gritar” y pensar “en quienes buscan estudiar, leer, charlar o descansar”.
Aviso colocado por el personal del centro en marzo, en el que piden un control de padres y madres sobre el comportamiento de menores.
Israel sostiene además que “la cafetería es solo para mayores”. Un punto en el que discrepa un miembro de la plantilla de ese negocio, que charla con este diario aunque prefiere no dar su nombre : “Es pública, no puedes limitar que venga nadie. Lo mismo pasa con el propio edificio. La segunda planta es la que tiene el perfil intergeneracional y ahí sí puedas controlar que pase gente con menos de 14 años o que tenga entre 35 y 65”.
Una batalla con deriva hostelera y política
El establecimiento recibe una concesión del Ayuntamiento de Madrid, de forma que su dueño explota este y otros bares en centros culturales municipales, con unos precios limitados en la adjudicación. La merma de clientela que supone el veto les pone en el mismo barco que las familias, aunque pasan varias horas al día a solo unos pasos de esos trabajadores del centro que tanto venían reclamando dar carpetazo al tardeo de los viernes. El personal de la cafetería, conformada por cuatro personas, reconoce que “algunos viernes se ha liado demasiado”, pero plantean que el propio centro “entre en acción y ponga talleres para niños todos los viernes de 17.00 a 20.00 o reforzar la seguridad”. Describen la medida de “desproporcionada”.
El efecto es especialmente sensible porque la clientela no mayor de 65 años consume con precios más caros, aunque sigan estando muy por debajo de mercado: “Un botellín le cuesta 1 euro a un jubilado (que además suele tomarse uno o un café, sin más) y 1,50 a los padres que venían los viernes (que solían pedir varias rondas)”, cuenta este empleado. Además, los progenitores suelen tirar más de “cervezas especiales, que son más caras, aunque aquí la tengas a 2,80 en vez de 4 como en cualquier bar”. De esta forma, no solo pierden ventas, sino el grueso de las que les resultan más rentables. Ahora los viernes cierran a las 20.00, como el resto de jornadas, cuando antes continuaban hasta las 22.00, así que parte de la plantilla ha visto reducidas sus horas contratadas. Además, las familias no pueden merendar en la tarde y algunas no desean acudir ahora a desayunar los domingos. Cifra las pérdidas semanales en 1.000 euros.
Enma López, concejala del PSOE Cibeles, asegura en declaraciones a este periódico que el Ayuntamiento debe “corregir esta situación” para “dar alternativas que no excluyan a los niños y las niñas de un centro intergeneracional”. Critica que el Consistorio tome este tipo de medidas mientras emprende campañas para el fomento de la natalidad: “No salimos de nuestro asombro al ver cómo trata el Gobierno de la ciudad a los menores y la infancia. Se les llena la boca con publicidad, pero cuando llega la hora de la verdad se expulsa a la infancia de un centro para la convivencia de distintas edades”.
No salimos de nuestro asombro al ver cómo trata el Gobierno de la ciudad a los menores y la infancia. Se les llena la boca con publicidad, pero cuando llega la hora de la verdad se expulsa a la infancia de un centro para la convivencia de distintas edades
Enma López
— Portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista cree que desde el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida “no están convirtiendo a Madrid en una ciudad amigable para la infancia” porque “no hay dónde vivir”, existe una “deficiencia de escuelas infantiles” y “faltan parques públicos para el verano, pero también lugares donde las familias puedan esparcirse con sus hijos en días de frío”. Ante las consultas trasladadas por este diario, el área de Familias, Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento remite a la Junta de Arganzuela ya que “la cafetería está gestionada por el distrito”, mientras que desde este último organismo no responden por el momento.
Modelo inédito y errático para un barrio falto de dotaciones para la infancia y la socialización
Desarrollado y ampliado en las últimas dos décadas, la población del oficioso Barrio de los Metales (zona que corresponde al barrio oficial de Legazpi) se compone mayoritariamente de familias jóvenes con hijos. Vecinos que llevaban años reclamando equipamientos como el Ouka Leele, que homenajea en su nombre a la polifacética artista y fotógrafa madrileña fallecida en 2022, ante la falta de bibliotecas, centros culturales o institutos públicos. “En el Tirso de Molina hay 1000 alumnos y el 90% viven en el barrio de Legazpi, pero tenemos una necesidad tremenda de dotaciones para que nosotros socialicemos con nuestros iguales y nuestros hijos con los suyos. Había una cafetería en Matadero y la cerraron”, dice Antonio.
Pero la apuesta del equipo de Almeida por un centro intergeneracional en Arganzuela, inaugurado en junio de 2024, suma una nueva convulsión en su trayectoria fruto de su concepción basada en la edad. El recinto, que se divide en un centro juvenil y otro de mayores, tuvo a finales del año pasado una primera controversia al impedir el acceso de personas con más de 35 a su sala de estudio: “Un caso claro de discriminación por edad en un lugar público”, afirmó una vecina.
El Ayuntamiento optó por introducir una enmienda transaccional que permite el acceso en ciertos intervalos por determinar a los mayores de 35, siempre que su solicitud previa sea aceptada. Para Antonio, es un problema de planteamiento: “La distribución poblacional del barrio hace que no tenga sentido abir un centro intergeneracional y lo limitarlo. El público objetivo está desfigurado”. Pese a estas tensiones, el área de Familias, Políticas Sociales e Igualdad ya ha adelantado que estudia extender el modelo a otros puntos de la ciudad.
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